El Congreso de Chile ha aprobado una ley que establece un cargador universal para dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, tablets y consolas portátiles.
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A partir de ahora, se comercializará un único modelo de cargador en Chile que será compatible con diferentes marcas y sistemas operativos, como iPhone y Android.
Una Nueva Era de Estándar de Cargadores en Chile
El lunes 26 de agosto, el Congreso chileno aprobó la ley que establece un cargador universal y estándar para varios dispositivos electrónicos. Esta medida pretende reducir el número de cargadores en circulación, fomentando la sostenibilidad y facilitando la vida de los consumidores.
El tipo de cargador que se podrá comercializar en Chile será el USB-C, un estándar que ya se utiliza ampliamente en el mundo. Esto significa que otros tipos de conectores, como el mini-USB o el Lightning de Apple, quedarán en desuso en el país.
Flexibilidad para los Consumidores
La ley también establece que los consumidores tendrán la opción de comprar los dispositivos electrónicos con o sin cargador. Las empresas no podrán atar la venta de un cargador al dispositivo, lo que otorga mayor libertad al comprador y promueve un consumo más responsable.
Además, las compañías estarán obligadas a informar claramente si el aparato incluye o no el cargador. Este es un cambio significativo en las prácticas comerciales, que busca evitar la compra innecesaria de cargadores adicionales.
Aún Existen Interrogantes sobre el Formato
A pesar de que se especula que el USB-C será el cargador universal en Chile, la ley aprobada deja en manos del Ministerio de Economía la tarea de definir las categorías y especificaciones técnicas de los cargadores universales. Este reglamento deberá incluir al menos los dispositivos de telefonía móvil y ordenadores portátiles.
El USB-C es el formato más utilizado actualmente, no solo en Chile, sino a nivel global, lo que refuerza la probabilidad de que sea el estándar elegido. Sin embargo, hasta que el reglamento se publique, no habrá confirmación oficial.
Plazos y Sanciones
La ley establece un plazo de dos años desde su publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia en el caso de dispositivos móviles y hasta cuatro años para otros aparatos electrónicos. Las empresas que no cumplan con la normativa podrán enfrentar multas de hasta 300 UTM, equivalentes a unos $20 millones chilenos, por cada infracción.
Esta medida no solo busca unificar los cargadores en el país, sino también fomentar una mayor responsabilidad corporativa y reducir el impacto ambiental generado por la producción y desecho de múltiples cargadores.